Desde principios del siglo XX, diversos regímenes autoritarios —particularmente los de inspiración comunista y fascista— comprendieron que la movilización de las masas generaba un poderoso sentido de pertenencia, fortalecía la legitimidad del poder y desplazaba, aunque fuera temporalmente, las preocupaciones cotidianas. Pensadores como Gustave Le Bon advirtieron que el individuo, inmerso en una multitud, modifica su conducta: disminuye su capacidad crítica, actúa por contagio emocional y se vuelve más proclive a seguir impulsos colectivos.
Sin pretender equiparar realidades históricas distintas, resulta pertinente preguntarse si los gobiernos contemporáneos también recurren, aunque sea con fines legítimos de convivencia o promoción social, a la organización de eventos masivos que privilegian el impacto político sobre una adecuada gestión del riesgo. Esa reflexión cobra especial relevancia a la luz de lo ocurrido en la Ciudad de México durante las celebraciones del Mundial, donde el entusiasmo colectivo terminó derivando en una tragedia que obliga a revisar no sólo los protocolos de seguridad, sino también la responsabilidad de las autoridades al incentivar concentraciones de esa magnitud.
En ese contexto resulta inevitable preguntarse si las autoridades de la Ciudad de México ponderaron adecuadamente los riesgos que implicaba incentivar una concentración aún mayor de aficionados durante el Mundial de Futbol. Después de los festejos ocurridos tras partidos anteriores, ya existían antecedentes claros: desorden urbano, daños al mobiliario público y la recolección de alrededor de 40 toneladas de basura en Paseo de la Reforma y el Centro Histórico.
Lejos de desincentivar la concentración, el gobierno decidió ampliar la infraestructura destinada a seguir el encuentro mediante la instalación de un mayor número de pantallas gigantes y espacios públicos para la transmisión. La intención pudo haber sido distribuir mejor a los asistentes y facilitar que más personas disfrutaran del partido; sin embargo, la decisión también atrajo a cientos de miles de aficionados hacia un mismo corredor urbano.
El resultado fue una concentración humana de dimensiones extraordinarias. Tras el triunfo de la Selección Mexicana, Paseo de la Reforma volvió a convertirse en el epicentro de una celebración multitudinaria. Esta vez, sin embargo, la euforia terminó en tragedia: tres personas perdieron la vida en medio de una masa descontrolada. Más allá de las circunstancias específicas que determinen las investigaciones, el hecho obliga a revisar los protocolos de planeación, seguridad y protección civil para eventos de esta magnitud.
Sería simplista afirmar que las autoridades son las únicas responsables de estos hechos. Las conductas individuales, el consumo de alcohol, la falta de civismo y la propia dinámica de una multitud también desempeñan un papel determinante. Sin embargo, cuando un gobierno conoce los antecedentes, sabe que se esperan concentraciones masivas y, aun así, adopta decisiones que incrementan la convocatoria, resulta legítimo preguntarse si la estrategia de prevención y gestión del riesgo fue proporcional a la magnitud del evento.
El Mundial representa una oportunidad extraordinaria para mostrar la mejor cara de México. Pero precisamente por ello, la celebración no puede convertirse en un sustituto de la responsabilidad gubernamental. Gobernar también implica anticipar escenarios previsibles, incluso cuando ello signifique moderar el entusiasmo o renunciar a una imagen política de plazas llenas. La popularidad de un evento nunca puede medirse únicamente por el número de asistentes; también debe evaluarse por la capacidad del Estado para garantizar que todos regresen a casa sanos y salvos.
Las ciudades modernas no se distinguen por la magnitud de sus celebraciones, sino por la eficacia con la que las organizan. Cuando el entusiasmo colectivo rebasa la capacidad institucional para administrarlo, la fiesta deja de ser un motivo de orgullo y se convierte en una llamada de atención sobre la obligación más elemental de cualquier gobierno: proteger la vida de sus ciudadanos.
