Las cifras macroeconómicas del gobierno, aún con el consabido maquillaje, revelan el imperativo de hacer ajustes. La economía mexicana ha caído en un estancamiento crónico, que, si bien no ha ocasionado un derrumbe, tampoco responde a las necesidades de la población de 133 millones de habitantes, en un entorno de finanzas públicas quebradas, incertidumbre jurídica y miedo a la inseguridad.

Estimaciones tanto públicas como privadas prevén un crecimiento del PIB de 1.4 por ciento en 2026, aunque analistas privados (encuestados por Citibank) lo redujeron a 1.1 por ciento. Se trata, inequívocamente, de un crecimiento muy bajo para un país emergente como México.

La proyección de inflación general para finales de este año es de 4.2 por ciento. 

Aunque la tasa de desempleo abierto puede considerarse baja (entre dos y tres por ciento), la informalidad estructural es del 55 por ciento del total de la población ocupada. Ello significa que más de la mitad de la fuerza de trabajo del país no aporta a las arcas del gobierno. El problema no es la falta de empleo, sino que el que hay es precario, informal y de baja productividad. La fala de inversión dificulta el crecimiento del empleo formal, con el consecuente impacto sobre las finanzas públicas.

La inversión en maquinaria y equipo acumula más de un año de caída estimada en nueve por ciento, lo que refleja falta de confianza y debilidad en la inversión nueva; en tanto que solamente una tercera parte de la inversión extranjera directa es nueva, Las cifras oficiales que festinan altos niveles de inversión corresponden a reinversión de utilidades de empresas ya existentes, mientras que el tipo de cambio se mantiene estable, entre los 18 y 19 pesos por dólar, lo cual resta rentabilidad a nuestras exportaciones.

En el futuro inmediato hay un entorno de riesgos específicos: el T-MEC, cuyas revisiones, ahora anuales, hacen que cada vez se acomode más a las exigencias de los Estados Unidos, hasta su extinción cuando las formalidades los permitan, tal como lo ha anunciado ese país; así como los posibles ajustes arancelarios de Estados Unidos y la debilidad industrial global.

Si bien la situación económica de México todavía no es catastrófica, pues la inflación es moderada y sin espiral, además de que el tipo de cambio y el sistema financiero están relativamente estables; tampoco favorece la confianza empresarial. La inversión sigue deprimida y el crecimiento es insuficiente para mejorar el ingreso per cápita pese a los aumentos salariales y los apoyos sociales que sin duda han ayudado a mejorar los niveles de consumo.

Los expertos no vislumbran una crisis de grandes dimensiones, ya que no se prevé una burbuja financiera masiva ni un colapso cambiario inminente, pero advierten el riesgo de una crisis silenciosa de bajo crecimiento prolongado. Más que un estallido súbito, sobrevendrá el estancamiento crónico. Actualmente, México es un país que si no se derrumba económicamente, tampoco despega.

Con estos datos, puede concluirse del país es mala, que la situación económica es regular por su bajo crecimiento estructural, informalidad persistente, inversión débil y riesgos externos relevantes.

Por todo ello, los ajustes son inevitables. Quienes conducen la economía tendrán que decidir si apuestan por la continuidad o llevan a cabo cambios para corregir el rumbo. En atención a la coyuntura, estos ajustes tendrían que hacerse a partir de agosto de 2027, una vez pasadas las elecciones intermedias.